Blog

Tecnología para mejorar la gestión del alumbrado público

A finales del pasado año supimos que España es el país que más dinero invierte en alumbrado público de toda Europa. En concreto 1.000 millones de euros al año. El estipendio destinado por la administración pública a pagar el suministro de luz en pueblos y ciudades ha llegado a esa cifra por su constante aumento desde 1992, siendo además especialmente acusado durante el lustro que fue del año 2007 a 2012.
Durante esos cinco años, el gasto en alumbrado público se llegó a duplicar, pasando de ser de 450 millones de € en 2007 a ser de 830 millones de € en 2012. Así quedó reflejado en los concluyentes resultados que obtuvieron miembros del departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid tras estudiar el gasto en alumbrado público utilizando imágenes por satélite.

Causas del gasto excesivo y motivos para ahorrar en alumbrado público

En su trabajo, publicado en 2013, señalaron dos principales causas del creciente dispendio español en alumbrado público: el aumento de la potencia contratada por los municipios menores de 200.000 habitantes, para igualarse con el de las ciudades más pobladas, y el incremento de las tarifas eléctricas. Precisamente, fue a partir del año 2007 cuando el control del consumo eléctrico en alumbrado público, que el Ministerio de Industria realizaba recabando estadísticas específicas, se dejó de ejercer, al quedar este concepto englobado dentro de otras partidas de la administración.

Revertir esta situación sería lo más apropiado y ventajoso para la ciudadanía, tanto por razones económicas como ecológicas. En el primer caso, reducir la inversión necesaria para alumbrar pueblos y ciudades como es debido permitiría destinar una mayor cantidad de dinero a otras cuestiones; en el segundo, mitigaría los efectos perniciosos que tienen para la salud de las personas y el medio ambiente los excesos de iluminación.

Inteligencia de las Cosas al servicio de la ciudadanía

Una de las formas más efectivas de hacerlo pasa por utilizar las TIC y los avances en IoT con el fin de optimizar al máximo la gestión del alumbrado urbano. Hay muchos ejemplos de ciudades en las que se han puesto en marcha proyectos que, mediante la instalación de sistemas de sensores conectados a herramientas de análisis de datos, permiten saber cuándo es necesario iluminar determinadas zonas de la ciudad y a qué potencia, permitiendo ahorrar a las instituciones sin que ello implique ninguna pérdida de seguridad. Su uso abre la puerta a que, en un futuro no muy lejano, podamos disponer de sistemas automatizados que ajusten la intensidad del alumbrado público en función de las necesidades y usos de cada espacio urbanizado.

Uno de los ejemplos más recientes que muestra como las TIC y la IoT pueden ayudar a mitigar el despilfarro energético y presupuestario está en la ciudad de San José (California, EE.UU.). Allí se está trabajando en un proyecto para mejorar la eficiencia del alumbrado público que ha implicado la instalación de 670 controladores, 550 LED, 100 extensores de Wi-Fi y nodos de infraestructura digital. Gracias a ello se ha conformado una infraestructura que permite conocer mejor las necesidades de iluminación de cada rincón de la ciudad, a lo que se suma que hará posible conectar multitud de sensores de otros tipos, que servirán para estudiar los patrones de tráfico, el comportamiento de los peatones, el estacionamiento y el monitoreo ambiental.

Seguridad para proteger las arcas públicas

Un ejemplo como el expuesto invita a pensar que vivir en ciudades conectadas, provistas de la infraestructura tecnológica necesaria para recabar, procesar y analizar grandes cantidades de datos, de modo constante, sobre las más diversas actividades urbanas con el fin de detectar tendencias, descubrir problemáticas y encontrar la mejor solución para resolverlas, puede resultar muy beneficioso para los ciudadanos.

Pero abordar esta transformación digital de entorno urbano también entraña una serie de riesgos que se han de minimizar, para lo que resulta fundamental disponer de respaldo y asesoría de especialistas como puede serlo Factum, capaces de proveerles de soluciones preparadas para resistir ciberataques e integradas por profesionales habilitados para facilitar una asesoría experta en ciberseguridad. De no ser así, las probabilidades de no resistir a un ciberataque se podrían disparar, lo que traería consecuencias fatales para las arcas públicas. Se ha de tener muy en cuenta que, en el contexto actual, las herramientas que los hackers utilizan para quebrar la ciberseguridad son cada vez más sofisticadas. Incluso se dan casos en los que ciudades bien pertrechadas tecnológicamente y que reciben una buena asesoría son hackeadas.

El último conocido es el de Baltimore (EE.UU.). Atacada recientemente por un grupo de hackers mediante un peligroso ransomware, la urbe lleva prácticamente paralizada, un mes, no pudiendo emitir facturas o contestar correos electrónicos. Los expertos consultados sobre las repercusiones económicas de ataque calculan que la ciudad lleva invertidos 18 millones de € en buscar solución a la brecha abierta en su ciberseguridad. Y eso que han decidido no pagar el rescate solicitado por los ciberdelincuentes para desbloquear sus sistemas.